Según el último informe independiente de EuroRAP, en la red nacional de carreteras aún existen 3.506 kilómetros que están considerados como tramos de riesgo alto o muy alto en España. Si a esta situación sumamos que la vía se pueda encontrar en mal estado el resultado puede ser fatal.
En el momento en el que se sufre un accidente o desperfecto en el automóvil por el mal estado de la vía, lo primero que hay que hacer es llamar a la policía para que pueda verificar lo ocurrido. Esto es esencial si hay lesiones, ya que deben quedar reflejadas en el parte y además acudir a un centro médico para poder aportar el informe.
Por otro lado, siempre que se tenga un siniestro conviene realizar fotografías que documenten la veracidad de lo ocurrido: los daños causados, el desperfecto en la vía… Un informe pericial, y en caso de que exista, la declaración de testigos que confirmen lo sucedido serán igualmente de gran ayuda. Esto facilitará que se pueda reclamar con éxito al Estado o al organismo que ostente la titularidad de la vía.
En los casos en los que se pueda reclamar indemnización por los daños provocados, estos podrán estar relacionados con un firme deteriorado, un socavón, un bache, una zanja, la caída de señales, arquetas sin tapar, etc.
Según la regulación, eso sí, los responsable sólo se harán cargo de las indemnizaciones si el mal estado de la carretera no es consecuencia de un fenómeno meteorológico de gran dimensión, como un terremoto o una tormenta. Sólo se conseguirá que se hagan cargo de los daños si son consecuencia directa del mal funcionamiento del servicio público y si estos son evaluables económicamente.
A la hora de hacer su reclamación, el cliente tendrá que dirigirse al titular de la vía, con lo que si ocurre en vía urbana el responsable será el Ayuntamiento, mientras que si sucede en una carretera nacional la reclamación tendrá que ir dirigida a la Administración General del Estado.
Junto con la reclamación, habrá que enviar las pruebas junto a la factura de la reparación del coche. La entidad tendrá un plazo máximo de 6 meses para estimar o desestimar el caso.